Aunque con menos dramatismo que antaño -quiero advertir- sigue siendo cierto que cuando le preguntamos a una persona por dónde vive en la ciudad de Santiago, éste, al responder, probablemente nos esté contestando 5 o 6 preguntas a la vez. Todavía hoy es posible, a partir de la información de dónde vive una persona en Santiago, hacer un cálculo aproximado del rango de su ingreso promedio; lo que a su turno se relaciona directamente con la posibilidad que tuvo, o no, de estudiar una carrera profesional o técnica; lo que se vincula a si estudio en un colegio particular, o uno público o subvencionado; lo que a todas luces, además, estuvo determinado por las posibilidades económicas de sus padres. Muchas veces, el lugar donde uno vive en Santiago, determina si se posee cuenta corriente e incluso en qué banco.
Es imperativo que resolvamos una interrogante todavía pendiente en Chile, y que se refiere a la definición política más sustantiva que un país puede hacerse colectivamente: ¿qué bienes, en qué calidad y cantidad, estamos dispuestos a asegurarles a todos y cada uno de nuestros compatriotas? Esa respuesta, ese consenso social, es el que ordena y dibuja una nueva ecuación entre Estado, mercado y persona. Sólo la claridad en esa respuesta es lo que permite conjugar el necesario e indispensable crecimiento económico, la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de las libertades. Es justamente la definición de ese catálogo de garantías, el que nos permite pensar el tipo de Estado que queremos, la forma y profundidad de nuestras políticas públicas o su estructura de financiamiento. //
